Cuestión de principios

Leo en la prensa que los mercados están contentos con el proyecto de reforma de las pensiones planteado por el grupo de expertos convocado por el Gobierno. Pero parece que la troika no está satisfecha del todo: dice que hay que ajustar todavía más; quiere  más rigor, término apodíctico y recurrente entre los ejecutivos de la Unión Europea.  Así, Joaquín Almunia, con ese tono solemne e insustancial que le caracteriza y ese rictus que lo delata, lo suele utilizar como sinónimo de firmeza, de solidez. Pero la realidad es otra: rigor es el eufemismo con el que en Bruselas gente como Almunia evita referirse al sacrificio impuesto a los más débiles y encubre su complicidad con los poderosos.

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Que no nos engañe esa charpa de administradores, supervisores y contables sin corazón, a sueldo de los ciudadanos pero al servicio del capital. (Dejo ahora a un lado a los sicarios, sinvergüenzas y canallas).  Hay que decirlo alto y claro: lo que está en juego no es cómo se gestiona la res publica, sino cuáles son los criterios y prioridades que orientan y determinan esa gestión, cómo se garantiza la integridad de los agentes y la transparencia de las acciones, cómo se articula y se potencia la participación democrática de la ciudadanía. Es decir, que estamos hablando de política.  Una actividad a la que, por cierto,  hay que restituir su dignidad y su sentido.

Frente al discurso aparentemente neutro de los expertos, que traslada el debate sobre la crisis a una cuestión de números y balances, de réditos y porcentajes, de deuda y beneficios, hay que articular un discurso decididamente comprometido que afronte la crisis como una cuestión de principios. Los expertos y quienes los nombran tienen que saber que el derecho a la educación, la atención sanitaria universal, el salario mínimo o las pensiones constituyen otras tantas conquistas en favor de la libertad, la justicia y la igualdad, a los que no estamos dispuestos a renunciar.

En el caso de las pensiones, debe quedar muy claro que, después de una vida entregada al trabajo, el gobierno tiene el deber de asegurarle a sus ciudadanos que puedan jubilarse con dignidad y no se vean obligados a vivir en la pobreza. Y para ello es necesario contar con un sistema público de seguridad social "para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". Lo  dice el artículo 41 de la Constitución española.

Pues eso.

                                                                           Marta