Seguimos todavía sin comprender (y aún nos
abochorna) el espectáculo que dio aquella "abrumadora mayoría de
diputados" ovacionando durante un buen rato a Juan Carlos I el día en que
se inauguraba la décima Legislatura, el pasado 27 de diciembre.
¿Qué aplaudían? Que el Monarca dijera en su discurso
navideño que absolutamente todos los
ciudadanos son iguales ante la ley. Pero eso es, si se nos permite la
expresión, una obviedad constitucional,
¿no? Sobre todo cuando es el Jefe del Estado quien lo dice. ¿A qué venía entonces
el prolongado aplauso de aquellos diputados?
Según un editorial de El País, la ovación evidenciaba
el apoyo de los representantes de la soberanía nacional tanto a la figura del
Rey como a la institución que encarna. Es posible; pero a nosotros nos dio la
impresión de que aquello era una especie de muestra de agradecimiento. ¿Por
qué? ¿Por cumplir con sus obligaciones? En seguida desechamos esta idea porque,
de ser así, aquellos diputados se habrían comportado como admirados súbditos y
no como representantes de la soberanía nacional.
En cualquier caso, aquel suceso nos dejó un mal
sabor de boca. Si los diputados sabían -como suponíamos todos- que el Jefe del
Estado estaba al corriente de lo que hacía su yerno, ¿por qué en lugar de
aplaudir no le hicieron algunas preguntas? Por ejemplo: ¿cómo tardó usted tanto
en reconocerlo?, ¿por qué le procuró usted esa salida airosa de mudarse a
Estados Unidos?... ¡Eh, eh! ¡Camino vedado! Resulta que, de acuerdo
con la Constitución, el Rey no es responsable de sus actos.
¿Cómo
es posible una democracia en la que el Jefe del Estado es, por ley, irresponsable, etimológica y
políticamente hablando...? Ese estatus, ¿no es acaso un privilegio? Un
privilegio como el de no haber tenido que declarar ni justificar la asignación
presupuestaria que recibe del erario público.
Por
cierto, ¿qué cabe pensar cuando la portavoz del Consejo General
del Poder Judicial justifica que no se grabe la declaración Urdangarin ante el
juez para no "estigmatizar su imagen" y porque "no todos los
imputados son iguales"?
Ayer
el Parlamento de Navarra instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a que en la
llamada Ley de Transparencia incluyese
"los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer "la
distribución de la cantidad percibida por el Rey con cargo a los Presupuestos
del Estado, para el sostenimiento de su familia y Casa, incluyendo rentas y
salarios". Pues bien, el anteproyecto de Ley de Transparencia del que ayer
mismo dio cuenta el Consejo de Ministros establece la Casa Real como límite de
acceso a la información. Según la vicepresidenta del Gobierno, la Casa Real “no
es una Administración pública”. ¿Otro privilegio?
Habrá
que recordarles a quienes se sientan en el Consejo de Ministros y a aquellos
entusiastas diputados que un privilegio es, según la RAE, exención
de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión
de un superior o por determinada circunstancia propia. Y que en un
Estado democrático no caben los privilegios precisamente porque todos los
ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley. Y habrá que recordarles asimismo
que en democracia nadie puede sustraerse a sus responsabilidades, empezando por
el propio Jefe del Estado (y su familia, claro), a quien habrá que recordarle
también que él debe ser absolutamente
transparente en su gestión. Alguien debe decir alto y claro que aquí no cabe el
privilegio ni la impunidad.
Y
ya está bien de apelar a los servicios prestados por don Juan Carlos, como hacía
El País en aquel editorial: "renunció en su día a los poderes recibidos,
devolvió la soberanía al pueblo español, impulsó el cambio hacia la democracia
y la protegió y defendió de los golpistas". Alguien debería recordarle al
editorialista y a quienes piensan como él que los poderes recibidos eran
ilegítimos, que nadie puede devolver lo que no tiene, que la democracia fue una
conquista, que el 23F hizo lo que debía: cumplir con su deber, ¿no?
Carlota y rarodeluna
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